26 de Octubre de 2008
Señores/as:
Autoridades del Poder Ejecutivo
Autoridades del Poder Legislativo
Autoridades del Poder Judicial
Bolivia
De nuestra mayor consideración,
La Federación Única de Trabajadores Campesinos de Pando, preocupada por la falta de respuesta efectiva a sus demandas de seguridad para proteger a las comunidades de Pando y Bení, donde persisten las amenazas y agresiones en contra de familias campesinas que luchan por la defensa de todos sus derechos y que históricamente han sido objeto de discriminación socioeconómica, política y cultural, solicitan su atención.
Si bien el Estado de Sitio trajo algo de tranquilidad a Pando, la seguridad no está garantizada más allá de la capital, Cobija y de ciudades intermedias, dejando a las comunidades y cantones en total vulnerabilidad y asecho de sicarios que siguen insultando, golpeando, violando y maltratando a los dirigentes y a nuestras familias.
A su vez, estamos atentos a las acciones que se realizan para investigar y sancionar a los responsables intelectuales y materiales de la masacre del 11 de septiembre de 2008 en la localidad de Porvenir. Creemos que el Sr. Leopoldo Fernández Ferreira, principal acusado de estos hechos no es el único que debe responder por la muerte de tantos compañeros y por la instigación a la violencia que no cesa y que podría incrementarse al levantarse el Estado de Sitio o, al dejarlo en libertad. Por ello, exigimos al poder judicial una gestión basada en la imparcialidad, en la justa aplicación de las leyes y la protección de nuestros derechos humanos para demostrar que en este país existe justicia.
Asimismo, demandamos a todas las autoridades de los tres Poderes del Estado, interponer sus oficios para exigir a las instancias correspondientes que puedan dar respuestas claras y efectivas a los problemas de inseguridad y desprotección que venimos enfrentando en el oriente boliviano por la violencia sembrada por parte de Leopoldo Fernández y todos sus seguidores, para que en todas las comunidades afectadas las familias puedan vivir libremente y los desplazados y perseguidos políticos podamos retornar y restablecer nuestra vida normal.
Consideramos que el Ministerio de Justicia es la instancia que puede exigir y demandar a los entes correspondientes la celeridad en la investigación, juicio y condena de Leopoldo Fernández y todas las personas que han participado en la masacre de Porvenir.
Los medios de comunicación han hecho eco extenso de la solicitud que realizó la Corte Superior de Justicia de Sucre pidiendo la remisión del caso a esa ciudad. Este incidente puso en duda el verdadero rol de la justicia boliviana e incrementó el temor de quienes somos víctimas de la masacre, en relación a que el caso pase de juicio ordinario a juicio de responsabilidades, pues sabemos que esa sería una forma de retardar y diluir el proceso jurídico para que quede en la impunidad.
Finalmente, pedimos a las organizaciones de la sociedad civil sumarse a la lucha contra la impunidad para exigir que las autoridades judiciales garanticen la justicia, en base a la verdad, y evitar que los culpables estén en libertad.
Por el derecho a la verdad y la justicia,
las víctimas de Pando
fuente: http://www.bolpress.com/art.php?Cod=2008102806&PHPSESSID=35fb21b7b644aa40026ea37d60bb3d7b
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